La ley de protección a los menores en los entornos digitales -un texto para que los niños y las niñas no accedan a contenidos inapropiados, como la pornografía, y que obligará a los fabricantes a incluir en todos los dispositivos un sistema de control parental y verificación de la edad– modificará varias leyes. También un puñado de artículos del Código Penal. Cuando la norma sea una realidad y entre en vigor, habrá una figura jurídica nueva: la orden de alejamiento virtual. El tipo penal permitirá que los tribunales ordenen, una vez que haya sentencia condenatoria, que el agresor del menor (ya sea un familiar maltratador o un compañero acosador de clase) no pueda dirigirse a él ni en las redes sociales ni en ninguna plataforma web.
La futura ley también incluirá otros delitos de nueva creación. Uno de ellos serán los ‘deep-fake’ o las ultrafalsificaciones. Es decir, las falsificaciones de imágenes o voces, manipuladas de forma extremadamente realista con Inteligencia Artificial (IA), como ocurrió en septiembre del año pasado con unas fotos manipuladas de desnudos de niñas en un chat de chicos de entre 12 y 14 años en Almendralejo (Badajoz).
El ‘grooming’ también será delito en el Código Penal: la falsificación de la edad y la identidad para que un adulto entre en contacto virtual con un menor de edad para, posteriormente, mantener un acercamiento físico, incluso sexual. La difusión de material porno a menores también estará tipificado como delito en la legislación vigente.
La ley, de momento, solo es un anteproyecto. El texto ha sido aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros, donde volverá a ser ratificado una vez que se haya sometido a exposición pública. Después vendrá el largo trámite parlamento, que tendrá lugar después del verano y que incluirá el debate en el Congreso y en el Senado.
De 14 a 16 años
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Cuatro ministerios han participado en la redacción del borrador. Juventud e Infancia, Presidencia y Justicia, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Transformación Digital. Este último es el que está actuando de interlocutor con los fabricantes de tecnología para que incluyan -por defecto y de manera gratuita para los usuarios- un sistema de control parental cuando el móvil, la tableta, el ordenador o la televisión inteligente, vaya a ser usado por una persona menor de edad.
Este año ha cobrado mucha fuerza el movimiento de padres y madres que se han puesto de acuerdo para retrasar la entrega del primer móvil a sus hijos e hijas, sin embargo, la edad media para tener un teléfono propio con acceso a internet son los 11 años.
A pesar de ser una ley enfocada a la infancia y la adolescencia no fue la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, la que compareció para ofrecer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fue el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el encargado de ‘vender’ la norma ante los medios de comunicación. Bolaños ha especificado que, cuando la norma se apruebe, la edad para consentir el tratamiento de datos de carácter personal -un paso necesario, por ejemplo, para registrarse en una red social- pasará de 14 a 16 años. Actualmente, la edad mínima para registrarse en WhatsApp, según la normativa interna de la plataforma, son 13 años. La norma también veta que los menores de edad usen las conocidas como ‘cajas botín’, un mecanismo muy frecuente en videojuegos para acumular recompensas virtuales.
Mientras, los fabricantes de tecnología tendrán que incluir, por defecto, un sistema de control parental de uso muy sencillo en todos los dispositivos digitales. La industria también deberá, por defecto, incluir sistemas de verificación de la edad. Serán «eficaces y obligatorios», no como ocurre ahora donde basta con que el menor mienta y apriete la pestaña de mayoría de edad. La Agencia de Protección de Datos lleva meses trabajando en esta aplicación, que estará lista, presumiblemente, antes del verano.
Revisiones médicas
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La futura ley -que estará seguida de una estrategia nacional, que incluirá más medidas- también menciona aspectos sanitarios. Los profesionales de la atención primaria, a la hora de las revisiones médicas rutinarias (llamadas del niño sano), deberán incluir preguntas para deducir si el menor tiene un «uso problemático o adictivo» con alguna aplicación o dispositivo. Esto es algo que ya se hace en muchos centros de salud, donde el personal de pediatría pregunta a los niños y niñas cuántas horas están delante de alguna pantalla. El objetivo de la ley es que se haga en la totalidad de centros y con algunas preguntas concretas. Dado que las adicciones son «cada vez más frecuentes», Bolaños ha añadido que se crearán centros especializados para afrontar y tratar estas patologías.
Laura Villaseñor, presidenta del sindicato de enfermería SATSE, ha puntualizado que, a pesar de que la idea de controlar a los menores es positiva, será complicada llevarla a cabo dado por la gran responsabilidad que pesará sobre los profesionales, que, además, tienen unas agendas muy llenas y carecen del tiempo que requiere una medida de esta envergadura. En su opinión, las adicciones ‘online’ son un problema grave y complicado de detectar con un simple test.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido un comunicado para dejar claro que el plan contra la adicción digital exige, en su opinión, la contratación de médicos y pediatras en atención primaria, así como dotar a los centros educativos de enfermería escolar, una vieja recomendación del sector.
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Detectar la desinformación
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El artículo de la ley sobre las revisiones pediátricas deberá tener no solo el visto bueno del Ministerio de Sanidad sino también el de las autonomías, que tienen las competencias transferidas. Es el mismo caso de otro aspecto de la norma: la alfabetización mediática y ciudadanía digital en educación primaria, secundaria y superior, que deberá contar con la luz verde del Ministerio de Educación y de las autonomías. Según el anteproyecto, no se trata de una asignatura concreta sino de una enseñanza transversal para que los chavales y las chavalas sepan distinguir qué es una información falsa (bulos, ‘fake-news’), los peligro ‘online’ y la protección de datos. El objetivo es que el alumnado goce de autonomía para «gozar de sus derechos» y «funcionar bien» en el ámbito digital.
