En solo dos semanas, dos borradores de decreto del Ministerio de Agricultura elevaron la tensión sobre la reforma agraria. El primero para agilizar los procesos y el segundo para que los campesinos se movilicen. En entrevista con EL TIEMPO, Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, aseguró que hay voces que están generando temor y zozobra. Además, habló sobre el acuerdo de compra de tierras con Fedegán y dijo que solo han podido comprar una tierra a sus asociados.
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En los últimos días han sido varias las voces de alerta ante el proyecto de decreto que busca promover la movilización campesina en favor de la reforma agraria. ¿Por qué hacen este llamado?
Porque es uno de los sentires y de las demandas más grandes de las organizaciones campesinas y populares. Estamos en un momento de reflorecimiento del proceso campesino. El pasado 5 de julio se aprobó la reforma constitucional que lo reconoce como sujeto de especial protección. Más allá de productor tiene dimensiones políticas, organizativas, asociativas y de autonomía en la toma de sus decisiones. En esa medida, necesitamos aprender y generar espacios de diálogo. Nuestro sistema de reforma agraria necesita esos canales de participación ciudadana.
Pero ¿por qué deciden hacerlo vía decreto?
Porque queremos que todas las expresiones se movilicen y se organicen. El proceso de organización del campesinado había sido desvertebrado por el conflicto armado, la violencia y el asesinato de sus líderes. Ahora, tenemos que garantizar una escucha y una participación activa de todas las versiones y vocerías. La manera de hacerlo es a través de mecanismos localizados, regionales y de participación directa como asambleas populares campesinas. Creo que el efecto publicitario ha sido muy grande y el decreto no va a ser necesario expedirlo. Lo que queríamos era eso, que se conociera. Lo segundo es poder activar mecanismos permanentes de participación, que sea un diálogo abierto y estable para poder atender las reclamaciones que son justas. Y lo tercero, porque la compra de tierras tiene que ir acompañada de la activación de procesos productivos donde también está presente el sector popular.
¿Me podría dar un ejemplo?
Por ejemplo, queremos una planta de pulverización de leche en Nariño donde se necesita una inversión multimillonaria. Para ello, necesitamos esquemas de alianzas públicas acompañadas del sector privado y del popular, organizado en cooperativas y asociaciones, que nos permitan abastecer y hacer funcionar la planta. El desarrollo de la reforma sobrepasa los procesos individuales.
Cortesía Monómeros
¿Se trata de un instrumento político para los campesinos?
Sí, nosotros queremos que el campesinado asuma como sujeto político y que esté mejor organizado. Queremos una agricultura grande y productiva que jalone el crecimiento de la economía. La reforma agraria no solo es tierra, también es crédito, inversión, fomento o tecnologías, entre otros. Por ejemplo, en financiación tomamos la decisión de tener una tasa subsidiada para productores agropecuarios, mujeres y jóvenes nunca antes vista de 4 por ciento efectivo anual.
¿Cómo garantizar que no entren actores ilegales?
Todo el mundo tiene derecho a movilizarse y a manifestarse y el Estado tiene el deber constitucional de garantizar las condiciones. En todos los escenarios puede haber corrupción e intervención de grupos ilegales; sin embargo, el Estado tendrá que tomar todas las medidas necesarias para que eso no ocurra. No se permitirán que en los procesos organizativos haya infiltrados.
¿No se podrían generar nuevas tensiones?
Creo que tenemos que bajarles la carga a la estigmatización y al señalamiento que se ciernen sobre lo campesino. No podemos seguir replicando modelos de pensamiento en los que toda organización se equipara con un movimiento subversivo. Ese pensamiento le ha costado cientos de miles de vidas humanas, líderes asesinados y desplazados desaparecidos al campesinado, al igual que a los pueblos indígenas y negros. Tenemos que garantizar que estas poblaciones, sujetos de especial protección, puedan manifestarse y ejercer sus derechos, lo que no quiere decir que sea una carta abierta a la ilegalidad.
¿Se propone algo similar a lo que puso sobre la mesa el expresidente Carlos Lleras Restrepo en su momento?
No, de hecho, Lleras Restrepo creó la Anuc. Esta asociación es una víctima colectiva que está en proceso de reparación. El Estado tiene que repararle en todos los aspectos porque fueron masacrados, mancillados y judicializados. Queremos convocar a todos con sus distintas fórmulas organizativas y debemos respetar el libre escenario de asociación. Queremos generar un canal en el que todos se sientan convocados y haya igualdad de condiciones.
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¿No se cometerían errores del pasado?
Aquí hay voces que están generando ruido, temor, zozobra, que apelan al odio, e incluso a discursos que están generando una matriz de opinión sobre violencias. Yo creo que eso funcionó en los siglos XVIII, XIX y XX, en este no. En eso hay un consenso pleno con los distintos grupos políticos del Congreso, gremios, actores de opinión, productores, etc., de que tenemos que desarrollar la tierra.
¿Cuál será la función de los comités campesinos? Se ha dicho que estos definirán si los dueños de la tierra le están dando su función social…
No, los comités son las instancias para la coordinación y concertación de toda la implementación de la política de reforma agraria. Entre esas funciones de veeduría inclusive está generar las priorizaciones en materia de qué se empieza a intervenir y cuáles deberían ser las deudas históricas que deben atenderse. Nosotros no podemos resolver todo esto en un día, pero sí podemos generar las rutas de trabajo para que las demandas y clamores populares se canalicen por las vías institucionales y no por las vías de hecho.
César Melgarejo. EL TIEMPO
¿Han calculado cuánto presupuesto se necesitaría para esta movilización campesina?
No, por eso también estamos generando estas instrucciones. Todas las instituciones públicas, incluso las de control, tienen instancias de participación ciudadana porque todas tenemos que dialogar y que se garantice. Hasta ahora se venían generando estas partidas para los casos de pueblos indígenas, afro, víctimas, mujeres…
¿Y si sale el proyecto, se calcularía?
No, está dentro de los presupuestos de la implementación de la reforma agraria. Además, también se ha planteado que nosotros sacamos plata para entregarla a cualquiera y así no funcionan los presupuestos estatales. Las personas que quieren difundir esto lo hacen con la intención de difamar y de generar sospecha donde no la hay. Lo presupuestos son supervigilados. Nada es arbitrario.
Semanas atrás también hubo voces de alerta con otro proyecto de decreto, el que quiere agilizar los procesos agrarios. ¿Cómo avanza la discusión?
Extendimos de nuevo el plazo para comentarios. Ya hemos recibido más de 140 intervenciones y aceptando algunas recomendaciones. Se trata de un proceso participativo. Lo discutiremos también en el Congreso, con magistrados, con la SAC, con expertos… Necesitamos que a todo el mundo se le dé la tranquilidad y la confianza de que se están cumpliendo los estándares desde un gobierno participativo y de puertas abiertas.
Tomada de Twitter: @elsanoguerabaq
Una de las críticas del proyecto es que va en contra del derecho de la propiedad. ¿Van a hacer cambios frente a esas causales de extinción de dominio?
Este es un procedimiento que reglamenta unas leyes que ya existen desde hace años. La última norma es de 1994. Nosotros no hemos inventado nada. Se hacen señalamientos sobre estas normas como si fueran un invento caprichoso del gobierno de Gustavo Petro. No, la propiedad aquí y en cualquier lugar del mundo está llamada a cumplir una función. No se trata de un ejercicio abusivo de la propiedad. No es posible que en pleno siglo XXI tengamos 43 millones de hectáreas con vocación productiva que no se aprovechen.
¿Entonces si yo tengo una propiedad y durante tres años continuos no la exploto, entraría en extinción de dominio?
Así es, desde la Ley 170 se ha hecho. Desde 1960, cuando se creó el Incora hasta el 2000 se ha aplicado la extinción de dominio sobre predios que suman más de 4,7 millones de hectáreas.
¿Deja claro que no van a expropiar?
Yo quiero dar un parte de tranquilidad a todas las personas porque en esta campaña de desinformación se ha querido decir que aquí vamos a volver socialista este país y vamos a expropiar. Nosotros lo que queremos es el desarrollo agropecuario. Queremos que la economía crezca. Quien quiera vender se le paga la tierra a lo que vale. Inclusive sabiendo que el valor catastral de la tierra es inferior al 20 por ciento del valor real y que la gente está evadiendo impuestos. Lo que queremos es generar una reforma agraria pacífica y conciliada. La primera opción para el que tenga tierra es que la produzca y la desarrolle. El que no la quiera desarrollar que la venda. También nos pueden vender la mitad. Exploremos las fórmulas que sean necesarias.
¿Qué tierras son las que más necesitan?
Las de grandes extensiones que no están siendo usadas.
¿Y han identificado dónde están?
Las tierras no explotadas y en manos muertas están principalmente en la costa Caribe y en el Magdalena Medio.
¿Son, en su mayoría, de los ganaderos?
A nosotros nos han ofrecido en ventas voluntarias más de 1,7 millones de hectáreas que no solo han llegado por Fedegán, sino por todos los canales. La mayoría de los ganaderos tiene muy poca tierra. No podemos comprar tierra de pequeña o mediana extensión porque a ellos tenemos que ayudarles a que produzcan más y mejor.
¿Aparte del acuerdo con Fedegán se podrían firmar más con otros gremios?
Sí, nosotros tenemos continuos acuerdos. Todo el mundo es bien recibido. Lo que tenemos que mirar son las realidades. Llevamos casi un año en el acuerdo con Fedegán y solo se ha comprado una finca.
Pero el gremio dice que sus afiliados han ofertado más de 580.000 hectáreas. ¿Qué está pasando?
Solo se ha comprado una en San Marcos (Sucre). Inclusive no se debió comprar porque es altamente productiva. La idea es reactivar tierras que no se están usando. Creo que es importante ‘desfeganizar’ la reforma y ‘desfeganizar’ a los ganaderos. Es injusto. La ganadería es una actividad muy importante y esencial para desarrollar el agro.
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¿Por qué se están rechazando tantas?
Porque están por fuera de las zonas focalizadas. No vamos a comprar la tierra por comprar, sino para desarrollar la agricultura. Nos ofrecen muchas en los Llanos, pero esas no están focalizadas. También ofertan tierras despojadas, en cursos de restitución de tierras, en áreas protegidas o con sucesiones pendientes.
El Presidente dijo que unas comunicaciones de Fedegán eran “una invitación al paramilitarismo”. ¿Piensa lo mismo?
Me parece justo que se hubiera pedido esa rectificación. No puede ser que estemos en la generación de un acuerdo de venta de tierras y que por otra vía se estén mandando mensajes que propician temor, zozobra y que pueden invocar y hostigar a la violencia. Es similar a cuando se decía que se iban a meter a los conjuntos. No es justo que se les diga a los ganaderos que se les van a quitar sus tierras. Eso no va a pasar.
¿Qué hacer para reducir toda esta tensión?
No podemos permitir que no se les apueste al crecimiento y al desarrollo económico porque dos o tres voces quieren generar mala información, mensajes de miedo y de zozobra. La comida no tiene color ni partido ni ideología. Se necesita un acuerdo franco y sincero para que el campesinado mejore sus condiciones y pueda producir.
La exministra Cecilia López dijo en EL TIEMPO que la reforma agraria estaba pasando de concertada a radical. ¿Qué le parece?
Con la exministra compartimos la urgencia de resultados. Es lo que yo le he dicho al doctor Lafaurie (José Félix, presidente de Fedegán), que necesitamos arrojar resultados y poder demostrar que es posible hacer compra de tierras y crear proyectos productivos. La meta es llegar a 1,5 millones de hectáreas en este gobierno.
