Mantener el impuesto a la banca y a las energéticas más allá de 2024 amenaza con generar un efecto bumerán negativo sobre la economía española. Así lo aseguran fuentes bancarias consultadas por ABC, que insisten en que «no es sensato» perpetuar el gravamen teniendo en cuenta la incertidumbre actual, los riesgos geopolíticos y que las subidas de tipos todavía tienen que mostrar su peor cara sobre los balances de las entidades. En el sector energético, por su parte, también condenan la medida pactada por PSOE y Sumar porque es un impuesto único en Europa, afecta a las inversiones en renovables y supone una incoherencia fiscal.
La banca insiste en los argumentos que presentó al Gobierno antes de verano cuando lanzaron el nuevo impuesto, que inicialmente iba a ser temporal solo por dos años y que ahora tiene visos de permanecer. El sector advierte de que el gravamen dañará el crecimiento económico ya que la banca canaliza el dinero hacia la economía, que supone un bache enorme para la inversión en España, que erosiona la capacidad de los bancos para generar capital o atraerlo y que restringirá el crédito. Además, denuncian que es un impuesto discriminatorio con el resto de sectores, y respecto a la banca extranjera.
Esta vez, sin embargo, van más allá en sus quejas ya que lo que iba a ser temporal puede convertirse en definitivo si repite el Gobierno de coalición. Las entidades financieras alertan de que el efecto a medio plazo puede ser grave para el sector teniendo en cuenta lo que viene. Se refieren especialmente a la doble cara que tienen las subidas de tipos de interés oficiales, que en el corto plazo disparan los ingresos de la banca pero en el medio, con el frenazo económico y del crédito, acaban por ser un lastre. De hecho, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha alertado en varias ocasiones de que las subidas de tipos son un «espejismo» y que las entidades deben prepararse para el efecto negativo de las mismas.
Las entidades financieras temen que perpetuar el impuesto, con la situación que hay por delante, ataque en exceso a las cuentas de resultados. Además, como advirtió en su momento el BCE, cabe la posibilidad de que haya bancos en pérdidas que tengan que hacer frente al gravamen, ya que se aplica sobre ingresos.
Así las cosas, públicamente la primera reacción ha llegado de parte de Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander, que intervino en la rueda de prensa de presentación de resultados trimestrales. El ejecutivo criticó el pacto de PSOE y Sumar y reiteró que el gravamen debería eliminarse ya que puede suponer un problema para el sector. Grisi indicó que el impuesto, que afecta a los ingresos financieros y las comisiones netas, podría impactar «de manera importante» a la concesión de créditos en un ciclo bajo económico, es decir, cuando surjan más dificultades. Al mismo tiempo, indicó que es «discriminatorio» para el sector porque lo estigmatiza.
En Aelec, la patronal de las eléctricas, coinciden en que se trata de un gravamen «discriminatorio» e «injustificado» que penaliza a un sector fundamental y estratégico en España, clave para impulsar el necesario cambio de modelo energético tanto a nivel nacional como europeo.
Eléctricas, exentas en la UE
Las eléctricas consideran que es un impuesto «único en Europa», ya que la UE estableció un modelo «que no se aplica a las eléctricas, si no a las empresas del carbón, petróleo y gas. Además, en Europa se aplica sobre los beneficios y no sobre los ingresos, por lo que España es el único país que grava los ingresos».
Destacan que afectará negativamente a las empresas, «detrayendo fondos para la inversión en transición energética y renovables». Añaden que la ley española «debería haberse homogeneizado con el reglamento europeo para no afectar a las inversiones renovables ni restar competitividad a las eléctricas españolas frente a las europeas».
En este sentido, fuentes del sector apuntan que genera un «agravio comparativo entre las empresas españolas y extranjeras» porque beneficia a estas últimas que están desarrollando proyectos en España porque no tienen que pagar este impuesto, frente a las compañías que tienen sede en nuestro país».
También subrayan la «incoherencia fiscal» del impuesto, ya que grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración en 67 euros/MWh y grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las eléctricas.
