Comunidades del PP se resisten a financiar 800 plazas de profesorado auxiliar que amortigüen la precariedad académica | Educación

La guerra PP-PSOE se libra en la universidad. El Gobierno central paga durante seis años los títulos de 3.400 profesores y doctores adicionales ―al mismo tiempo que aumenta la autonomía, que tienen las competencias transferidas― con una cuota de 900 millones de euros para estabilizar la fábrica y ampliar el margen de horas de clase , porque los profesores asociados no pueden compartir tantas. En este programa de incorporación de talento universitario, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades afirma que las 17 comunidades autónomas son «responsables» y contratan más profesores de medicina «según sus cálculos, necesitan 800 profesores más», pero las comunidades del PP estaban cansadas negativo en el plan.

En función del número de profesores asociados que tiene cada universidad «principales destinatarios de este medicamento», el ministerio distribuirá las 3.400 plazas. Los consejeros populares, que han negociado con Ciencia en las últimas semanas, critican al ministerio que la aportación estatal «que duplica la oferta que ahora llega de las universidades» se limite a un período de seis años. El Gobierno de Aragón, según la agencia Efe, calcula que el coste de 4,7 millones de dólares anuales es superior al de la Universidad de Zaragoza; Mientras que Cantabria se está gastando 2,4 millones para pagar 48 sueldos. Hasta la fecha, Madrid ha sido acusada en una carta gubernamental de «desalación» de haber podido asegurar que había negociado las plazas con los rectores de espaldas del grupo que estudió la financiación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) que había presentado una propuesta. Castilla y León, por su parte, quiere financiar el 100% de las plazas porque “es algo que se pretende en sistemas universitarios de forma estructural y que tiende a apoyar a las comunidades autónomas”. Murcia calcula que tenderá a pagar 34 años de carrera por su ayuda, según este contrato. Cosas que para Galicia “no se puede hacer política con los presupuestos de otras administraciones autonómicas, es una cuestión de respeto a la arquitectura institucional del Estado”. Aragón, más receptiva, afirma que «estudiará» la propuesta para que la Universidad de Zaragoza cuente con 130 ayudantes más (el 70% que concede el Estado central).

Por otro lado, la semana pasada, el Gobierno vasco y el Ejecutivo decidieron contratar 150 profesores auxiliares, que se encuentran entre los 825 que existen. Y Cataluña –con un porcentaje de asociados descontrolados, que les llevó a presentar su propio plan de choque– eligió su postura. Castilla-La Mancha, siempre crítica en esta materia, dice que la financiación es «suficiente» para que el Estado «cubra el 80% de sus necesidades», aunque siga «la respuesta del 100%». Asturias, también entre los socialistas, se alegra de recibir 7,7 millones de dólares. Otros 11,2 millones procedentes de Irán en Navarra. Hasta el final, el gobierno se resistió a la parte financiera de LOSU.

Las transferencias totales estatales a las comunidades han sufrido un 14% en el último año, recuperándose los recursos del ministerio, y, sin embargo, la inversión en la universidad ha aumentado los medios hasta un 1%, ese quien tiene el momento de manifestar el asunto. les interesa tener mucha autonomía “sin entrar en color político” para fortalecer su plantel. Además, estas fuentes ministeriales han sido recuperadas por comunidades, como Madrid y la Comunidad Valenciana, que están en pleno proceso de devolución o salida de impuestos autonómicos al exigir más fondos al Estado central.

Fuentes del ministerio reconocen que es posible estudiar que las comunidades gobernadas por el PP se quejen en los medios de «yo invitamos y tu pagas». “Es una sentencia demolida. No somos una taberna”, argumenta. Lo cierto es que el Gobierno central es el que tiene la política y que las comunidades se ven incluso obligadas a correr con todo el gasto universitario (87% del total), por ejemplo, implantando el sexo de transferencia de conocimiento (un complemento salarial ). Por tanto, esta oferta del ministerio es a priori muy atractiva.

La ministra Diana Morant y el presidente Pedro Sánchez presentaron el programa a una delegación de la Conferencia de Rectores (CRUE) el pasado 15 de marzo con buena coordinación. Su presidenta, Eva Alcón, saludó el encuentro: “[El programa] para las universidades, la oportunidad, en virtud de la autonomía universitaria, de planificar la recuperación generacional y la estabilización del profesor”. Alcón añadió: “La CRUE confía en que las comunidades autónomas se incorporen a la iniciativa y completen el apoyo significativo del Gobierno central”.

España está comprometida con Bruselas porque a finales de 2024 sólo el 8% de los empleados públicos ha obtenido un contrato temporal, pero en 2023 los posibles candidatos tendrán el 48% de estudios universitarios. La mayoría están formadas por falsos profesores asociados. La figura se creó en 2001 para que los profesionales compartieran una hora de su experiencia a lo largo de los años, pero durante los años de crisis ―entre 2011 y 2015, las transferencias económicas alcanzaron el 15%― y paró la reposición de quienes son jubilados y académicos sin otros profesión ―parte médicos― pasaron a trabajar como falsos asociados. Resulta que, desde hace años, muchas universidades se han ganado esas “bolsas de precariedad” ―en términos ministeriales― cuando tienen más fondos para dignificar las carreras de estos docentes mileuristas (o menos).

La LOSU, aprobada en marzo de 2023, podrá convertir a los asociados de vocación indefinida con compromiso parcial ―con derechos de fondo y complementos salariales― mediante un concurso público competitivo, pero no les permitirán compartir más de 120 horas de clase (hoy mucho más de 180). Antes de que el sistema se bloquee con tantas competiciones en poco tiempo, el campo de regularización se extenderá hasta el curso 2027/2028 y no es este curso el que está previsto. Hay ministros que reconocen que su regularización genera un “superávit”.

Y LOSU, además, prevé que los profesores adjuntos impartan hasta 180 horas de clase, 60 más que los asociados. Explica los intereses de los rectores de responder a más ayudas. De esta manera, estará feliz de pagar las horas de trabajo de su asociado conociendo a otro profesor competente.

Profesores titulares de medios durante 61 años y profesores titulares durante 57 años y este programa ayuda a rejuvenecer las plantas. La nueva figura del profesor asistente de LOSU prevé contratos de seis años, durante la titulación del doctor con tiempo suficiente para tener méritos científicos para acreditarse como profesor titular. El ministerio reconoce que este programa «no es la solución definitiva», pero afirma que es «un camino estable».

El ministerio no quiere que la aportación económica se ofrezca de forma gratuita a las universidades públicas y afirma estar comprometido con la mejora de sus parámetros de calidad. Por ejemplo, con más defensa de estudios en inglés, medidas para obtener más atractivos para alumni (están perdiendo matrículas en favor de las privadas) u obtención de más recursos para investigar en oposiciones competitivas.

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