El 70 por ciento de nuestra energía eléctrica se produce con agua, el resto es generación térmica. Nuestra dependencia del agua hace que tengamos una vulnerabilidad climática, porque con situaciones como la que vamos a enfrentar, con el fenómeno de El Niño, se provocarán condiciones de sequía y de vulnerabilidad…
¿Cuáles son las proyecciones del ministerio de minas para enfrentar el problema? A esa pregunta, responde el ministro de minas y energía, Andrés Camacho.
Él es ingeniero eléctrico, licenciado en Física y con maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables. Responde al cronista de EL TIEMPO.
“Este año cerramos con la generación del primer gigavatio de energía renovable”, dice el ministro Camacho.
¿Eso qué significa?
Que desde cuando se promulgó la Ley de Energías Renovables 1715 en 2014, hace diez años, no habíamos logrado avanzar de forma significativa en la entrada en vigor de ese proyecto. Es una gran noticia para el país, que tenemos nuestra primera giga de generación y en este gobierno esperamos llegar a mínimo dos.
Para comprender y comparar: ¿Cuántas gigas consume Colombia?
Dieciocho gigas. Hoy tenemos una situación complicada que es financiera, pero el sistema está preparado para enfrentar el fenómeno de El Niño con energía proveniente del agua y con (fuentes) térmicas. No hay ningún riesgo de desabastecimiento de energía, lo que tenemos es un riesgo financiero de las empresas del sector.
¿En qué consiste el riesgo financiero?
La cadena del sistema eléctrico es así: generadores–transmisores– distribuidoras, comercializadoras, usuario final. En este sistema se acumuló una deuda de ya casi 6 billones de pesos. En la pandemia se congeló la tarifa con una decisión que se llamó la “opción tarifaria”, una medida adoptada por el gobierno anterior que le produjo la deuda a las empresas comercializadoras del sector eléctrico, porque ellas le pagaron a las empresas generadoras. Hoy esa medida tiene pagando esa deuda a los usuarios, quienes pagan facturas con precios exorbitantes.
Pero las generadoras no tienen deudas…
No. Pero las comercializadoras que entregaron la energía son las que cargan la deuda y afecta a los usuarios, porque eso se transfiere a la tarifa.
¿Y qué puede ocurrir si El Niño resulta más radical de lo previsto, como dicen?
Podríamos tener algunas dificultades, pero eso es una variabilidad climática.
¿Y el riesgo por líneas de transmisión?
Tenemos limitantes con proyectos de transmisión que no han entrado. Hay proyectos que están retrasados hace diez años. Estamos tomando medidas para garantizar que muchos de esos proyectos puedan entrar rápidamente.
¿Por qué las comunidades indígenas atacan extender las redes de transmisión?
La gente en un país tan desigual como el nuestro dice esto: “¿Por qué pasa una torre por encima de mi cabeza y no tengo luz?”. Es un reclamo justo. Ahí tenemos que dar pasos para que esa consulta previa le traiga soluciones concretas a la gente.
¿Y cuál es la solución?
Vamos a instalar 153 comunidades energéticas en La Guajira, por ejemplo. Son soluciones de energía comunitaria.
¿Comunitaria?
Sí, con paneles solares para 1.520 familias, lo que la gente reclama es justo.
¿Y cómo se financia eso?
Tenemos unos fondos para financiar proyectos renovables. El Fondo de Zonas no Interconectadas–ZNI y el Fondo de electrificación Rural. Es indispensable la preparación del país ante el cambio climático, el licenciamiento ambiental debería ser flexible para proyectos que ayuden a mitigar y adaptarnos al cambio climático.
¿Por qué la financiación está en riesgo?
Porque la deuda de las empresas comercializadoras y distribuidoras se le cargó fundamentalmente a ellas y hoy evidentemente tienen dificultades de caja.
Por eso, estamos promulgando medidas destinadas a darles suficiente liquidez.
¿Y qué originó esa crisis, esa deuda tan alta?
No ha habido un reajuste desde la pandemia. Hoy estamos transitando a un mecanismo para garantizar que eso no afecte a usuarios ni a las comercializadoras. Si yo logro ajustarlos a todos, bajarán tarifas. Lo que ha ocurrido en el pasado es que suben la tarifa. Nuestro propósito como gobierno es que bajen.
¿Y cómo lo harán?
Con medidas de alivio para las comercializadoras. Todo esto que hemos hecho es para que ellas no carguen su deuda a los usuarios.
¿Y cómo se financia la deuda sin aumentar tarifas?
Estamos pensando en un mecanismo de fondo de solidaridad o algún fondo que nos permita refinanciar la deuda con participación de todos: generación, transmisión, distribución, que nos permita financiar esa deuda unos diez años.
¿No vendrá un aumento en la tarifa?
Todo lo contrario. Es tomar esa deuda y financiarla, y bajar tarifas.
¿Bajarla?
Sí, bajar tarifas. ¿Y cómo podemos bajarla? Si yo quito ese peso de esa deuda y la redistribuyo, el usuario no va a tener que cargar con alza de tarifa.
¿No habrá alza en la tarifa de energía?
Nuestro propósito es garantizar eso. Tenemos las tarifas más altas del continente y una de las más altas del mundo. Las vamos a bajar.
¿Y entonces cómo harán para el financiamiento de la deuda?
Buscar más recursos para refinanciarla. Estamos viendo la alternativa de un mecanismo que permita solidariamente recaudar unos fondos que financien eso.
¿En qué consistiría ese fondo de solidaridad?
Todos aportan a la misma bolsa. Yo refinancio la deuda a través de la banca pública o privada y empezamos a pagar esa deuda entre todos. Con un fondo de solidaridad los generadores ponen algo, los transmisores ponen algo, el Estado pone algo, las comercializadoras ponen algo.
¿Pero cómo sería la idea?
Recuerde el juego de la pirinola. Eso es: ‘todos ponen’.
Con excepción de los usuarios…
Los usuarios están poniendo, son quienes pagan las facturas cada mes. Buscamos que no sean solo los usuarios, que sea también el Estado, que sean las empresas.
Que la amortización de la deuda lo asumamos generadores, transmisores, comercializadores, distribuidores y el Estado.
Tenemos también que prepararnos para el fenómeno de El Niño y tener disponibilidad de gas, de carbón en el caso de que necesitemos ese mecanismo. El país cuenta con generación de energía térmica de respaldo que llega hasta el 48,5 por ciento del total que se requiere.
Usted dice que dará 1 billón de pesos, pero el déficit es 6 millones. ¿El resto?
El resto es lo que buscamos refinanciar.
Los generadores no asumen, transportadores asumen, compradores no asumen y si los asumen, los trasladan. ¿Cómo hace usted para evitar eso?
Por eso hablamos de la regulación. El Gobierno tiene que garantizar los equilibrios y tenemos que expedir las normas para que eso se cumpla.
¿Y si no se cumple?
Tenemos una superintendencia que vigila y sanciona.
¿Pero, cómo proteger a los usuarios?
Estamos en la construcción de opciones estructurales. Empieza el debate de la Ley 142 del año 94 de servicios públicos domiciliarios. Esperamos que ese diálogo que comienza se convierta en un acuerdo nacional.
¿Qué dice la Ley 142?
Es la ley de servicios públicos domiciliarios promulgada en 1994. Ahora necesitamos una ley que recoja los aprendizajes de los 30 años de su funcionamiento. Fortalecer lo positivo y modernizar lo que requiera, teniendo a los usuarios como un actor fundamental. Primero, que los usuarios tengan más participación, y que puedan tener voz en todas estas discusiones.
¿Que el usuario tenga más participación?
Participación en toda la cadena de valor, que pueda opinar, que tenga injerencia, proteger a los usuarios. Hay una discusión de si los usuarios podrían participar en la CREG, nosotros creemos que podrían, sí, y opinar. Con voz, voto, en fin.
¿Quién lo decide?
Hay que organizar todo el mecanismo en la ley. La Superintendencia debe tener dientes para controlar. La Superintendencia necesita recursos, modernizarse. La Superintendencia debe tener herramientas para monitorear el mercado, cómo logramos que en el mercado de la energía se garantice la competencia.
Pero ¿cómo se garantiza la competencia?
La competencia debe fortalecerse para que no existan agentes prominentes que desequilibren el mercado, debemos mejorar la competencia en favor de los usuarios para que tengan mejores tarifas y mejor calidad del servicio.
¿Habrá un proyecto de ley reformatorio de todo el manejo del sistema?
Una ley que reforme los servicios públicos, ley eléctrica y que nos permita incluso tomar medidas de la transición energética; participación de usuarios, participación en todos los organismos que tienen que ver con usuarios; lograr un papel más activo de la Superintendencia de Servicios Públicos y los ajustes en la cadena para la transición energética. Pero ese será el gran debate para el año próximo.
¿Y cómo se hace para evitar que el desastre de la Costa Atlántica se extienda nacionalmente con ese eventual camino sobre Electricaribe?, ¿a quién le cobramos?
Todas esas cosas no nos pueden volver a ocurrir.
¿Y eso se hace a través de un proyecto de ley que usted anuncia que va a regular todo el mercado eléctrico del país?
Sí, incluyendo Superintendencia, incluyendo sanciones, incluyendo intervención.
¿Intervención?
Hoy el Estado interviene; cuando las empresas están en crisis nos piden que les demos dinero. El Estado interviene con subsidios. Ahora debemos pensar cómo se hace una intervención no solo para financiar las empresas privadas, sino para cuidar a los usuarios.
¿Y qué va a hacer para el futuro?
En noviembre vamos a lanzar la convocatoria de comunidades energéticas. ¿Qué es eso? Es energía de comunidades, se asocian un grupo de familias para tener un proyecto de energía comunitaria y poder generar su propia energía.
¿Quiénes pueden convertirse en comunidad energética?
Cualquier asociación, grupo, yo puedo con mis vecinos. Reúno diez vecinos y organizo un proyecto para autogenerar energía; diseño el proyecto; lo presento a la convocatoria del Ministerio y participo. Puede ser en una vereda, en un barrio.
¿Proyecto de generación eólica?
Solar, eólica y pequeñas centrales hidráulicas. Solar es más fácil.
Como se anuncia, ¿El Niño vendrá más fuerte?
Si tenemos condiciones más extremas, tendremos que tomar otras medidas de abastecimiento, como poner a funcionar otras plantas térmicas, tener listas las de carbón, tener listo otro parque de generación como un seguro, en caso de que lleguemos a esa situación. Lanzaremos una campaña de eficiencia energética del Gobierno, una campaña de ahorro con la industria.
¿Y el cambio de combustibles fósiles?
Esa situación se calmó cuando el Presidente advirtió que el programa que él había anunciado es un plan a 15 años, pero no es una acción de la noche a la mañana.
¿Y qué hacer con las críticas de la Procuraduría?
Soy respetuoso de la institucionalidad. Todo requerimiento que llegue lo voy a responder con solvencia y respeto. Pero en este momento no podemos permitir que un tema tan serio como la seguridad energética del país caiga en manos de quienes están participando en la contienda electoral; las críticas de los organismos de control deben ser atendidos, pero los ruidos electorales los debemos dejar pasar.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO