Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Presidente del gremio pide claridad sobre los recursos para atender esa jurisdicción.
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Aunque los agricultores colombianos aún están analizando las iniciativas presentadas por el Gobierno la semana anterior para poner en marcha la llamada Jurisdicción Agraria y Rural, Jorge Enrique Bedoya, su vocero a través de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dijo que ese es un tema fundamental.
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“Es una razón adicional para que se les devuelva la fase judicial a los jueces, la cual el Gobierno les quitó en el Plan Nacional de Desarrollo vía el artículo 61, para la decisión final de los diferentes procesos agrarios que hacían parte del Decreto Ley 902 de 2017 (acuerdo de paz), entre los que está la extinción del derecho de dominio que tanto debate y preocupación ha generado y otros más”, comentó.
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Pero más allá de esa urgencia, el vocero gremial dejó claro que uno de los retos que están por delante para que esto se pueda llevar a la realidad es tener claridad en el tema presupuestal, pues considera que sin recursos no habría cómo implementar el desarrollo de esos compromisos en territorio, es decir, “recursos para la capacitación de jueces y lo que derive en el cumplimento de sus funciones”.
Al referirse a si hay ambiente en el Legislativo para que esas iniciativas puedan pasar sin tropiezos, Bedoya dijo que cree que eso estará en función de la lectura inicial que hagan los diferentes partidos políticos, la amplitud del Congreso de la República para escuchar las diferentes voces de la ciudadanía sobre este tema y la disposición real del Gobierno a fin de lograr consensos e impulsar el acuerdo nacional del que tanto ha hablado, que implica llegar a acuerdos concretos con todos los interesados.
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