Olimpia sonríe, lagrimea, gesticula, se sonroja, se apasiona. Puede hablar horas de su historia y su causa sin parar. «Ya no soy la del video sino la de la ley», dice, finalmente orgullosa.
Olimpia Coral Melo tenía 18 años cuando su novio subió a Facebook videos íntimos en los que se la veía desnuda. En su ciudad, Huauchinango, Puebla, centro de México, nadie habló de otra cosa. durante mucho tiempo. Olimpia se encerró meses en su habitación. Intentó suicidarse tres veces.
Poco más de una década después, en 2021, la Revista Time la consideró una de las 100 personas más influyentes del mundo: había logrado que en todo México rigiera una ley contra el acoso y la violencia digital, la Ley Olimpia.
¿Cómo logró pasar de víctima a activista? A Olimpia la llamaban «la gordibuena de Huauchinango». Ahora es la referente regional contra la violencia digital. Esta es su historia.
«Entendí que no tenía la culpa»
Olimpia tenía 18 años cuando junto a su novio grabaron un video sexual. Hacía seis años que estaban en pareja. Al tiempo el video comenzó a circular por whatsapp. Sólo se la veía a ella, desnuda. Nada de él, que la dejó.
Los hombres comenzaron a acosarla por las redes: «Me decían cosas horribles, me pedían sexo», recuerda. Olimpia se encerró. Todo le daba vergüenza, abandonó sus estudios, sus salidas, su vida. Ella había accedido a grabar el video… ¿Quién iba a tomarle una denuncia?, se preguntaba. Intentó suicidarse tres veces.
Fue un domingo familiar que su mamá, una mujer de una comunidad indígena que no había estudiado ni sabía leer ni escribir, se enteró del video. Se lo mostró su hermano más chico, que tenía 14 años.
La madre lloró, se sobrepuso, la miró bien fijo y le dijo que no había hecho nada malo. Que todas las personas tenían sexo, que la diferencia es que ella estaba en un video, a la vista de todo el mundo, expuesta. «No eres una delincuente, no eres una mala persona». Olimpia renació.
También vio cómo en las redes se burlaban de las mujeres, de sus cuerpos. ¿Nadie hacía nada? ¿No había castigos? Sintió la impunidad. «Empecé a entender que yo no tenía la culpa, y que debía denunciar lo que me había pasado». .
«No hay delito», le dijeron en el Poder Judicial. Ella se indignó. Le explicaron que lo que le había pasado no estaba en el Código Penal. «No existe ese delito», repitieron. Salió enojada, dispuesta a cambiar las cosas.
Se contactó con otras mujeres que habían pasado por su misma situación. Escribió un proyecto. Viajó, habló, inspiró, explicó. En 2018 se aprobó la reforma de delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal.
Referente regional
Olimpia luchó ocho años para que la ley sea aprobada en cada Estado de México. Ahora viaja por algunos países de la Región para que se replique la norma: Ecuador, Honduras, Guatemala… Hace unos días está en Argentina.
A comienzos de julio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de modificación de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres (sancionada en 2009) para incorporar la figura de la «violencia digital». Fue prácticamente por unanimidad: 191 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención.
Fue girado al Senado, que lo aprobó este viernes. Aún no es ley por una cuestión técnica que será resuelta en Diputados en la próxima sesión, donde se descuenta su aprobación.
La idea de la ley, motorizada en Argentina por la diputada Mónica Macha, es que la digital sea considerada otra forma de violencia, como la física, la psicológica, la económica, la política, la mediática, la obstétrica.
La ley define a la violencia digital o telemática: «toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar».
Y resalta: «En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito espacio digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a las mujeres, o la reproducción en el ámbito espacio digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales…»
La ley permitirá a la Justicia ordenar la remoción de contenido digital para proteger a las víctimas de delitos sexuales. Y. a su vez, ordenar que se guarden esos contenidos como prueba para activar procesos penales. .
«No sólo queremos que sea un cambio jurídico, sino también político», repite Olimpia, que busca que se prevenga y se erradique esta violencia.
«Que se haya aprobado en Diputados y en Senadores es un acto de justicia, porque reconoce que la violencia digital es algo real, y no porque ocurra en los espacios digitales significa que no existe», dice Olimpia.
Y explica que en Argentina «hay dos mil mercados, como los Magio, once mil hombres que comparten un chat de Telegram para intercambiar fotos y videos sexuales de mujeres, no autorizadas».
Habla de explotación sexual y plantea los problemas que va a traer la Inteligencia Artificial: «puede hacer que cualquier persona sea exhibida en Internet aún sin hacer sexting». .
Olimpia piensa en las cámaras escondidas en edificios, hoteles, bares, restorantes, y de lo que pueden hacer con esas imágenes ciertos grupos que se organizan para cosificar y explotar mujeres y niñas.»Es lo que ya ocurre en la realidad, que pasa a la virtualidad. Lo virtual es real, queremos estar seguras, también en Internet».
La desesperación de Belén
También está previsto que la comisión de Legislación Penal trate el proyecto de la Ley Belén, que prevé incorpora este tipo de delitos al Código Penal, con penas de tres meses a dos años y multas.
La ley se llama así por Belén San Román. Tenía 25 años y era policía de la Bonaerense, en el Comando de Patrulla Rural, de Bragado. Tenía dos hijos de 2 y 8 años. Conoció a Tobías Villarruel, con quien empezó una relación hasta qué él difundió un video íntimo, que se viralizó por todo Bragado y llevó a que Belén terminara suicidándose.